Vie, 14/05/2010 - 14:30 — SOV-Cordoba
En el consejo de ministros de hoy 14 de mayo, se aprobarán, entre otros recortes sociales anunciados, la congelación de las pensiones para 2011 y una reducción del salario de los trabajadores de la administración pública para lo que queda de este año congelándose, también para el año próximo.
Desde la CNT venimos llamando a los trabajadores a movilizarse contra las medidas antisociales que vienen de mano de la reforma laboral y de las pensiones; a movilizarse en contra de unos vergonzosos recortes sociales dirigidos a los que menos tienen mientras que se están gastando miles de millones en garantizar sus fortunas a los que más tienen. ¿Demagogia? No, simple realidad: 150.000 millones entregados a los bancos en el momento álgido del desmadre financiero y sólo 9.000 destinados a un raquítico “plan E” para los parados que quedó en agua de borrajas; subida del IVA y los impuestos indirectos, que pagamos todos mientras que los grandes capitales tributan a un 1%; 750.000 millones, entre los países de la UE, para un fondo que asegure las ganancias de accionistas e inversotes y en cambio, para los trabajadores, reformas laborales, reducción de derechos y prestaciones, recortes en la seguridad social y ahora, para funcionarios y pensionistas, rebajas en el salario y las prestaciones.
Como también venimos diciendo, ya que los trabajadores no han secundado las movilizaciones convocadas por sindicatos como la CNT, ni han obligado a las corporaciones “sindicales” a convocarlas, el gobierno va a seguir introduciendo nuevos recortes, que al parecer, son los que “tranquilizan” a los mercados financieros y hacen subir a la bolsa.
Ahora le toca a los funcionarios. Una medida sin precedentes en la que el gobierno recortará “de media” un 5% del salario de los trabajadores públicos, apoyándose en la supuesta buena prensa que tendrá la medida en el conjunto de la sociedad, es decir, apoyándose en el divorcio permanente entre los trabajadores con contrato fijo y los trabajadores que se ven sometidos a la temporalidad, al empleo precario y a los contratos basura. Una medida que es posible gracias a la insolidaridad e ignorancia instalados en la sociedad.
Una buena parte de los funcionarios es mileurista, en particular aquellos que dependen de la administración del estado; y una inmensa mayoría cobra menos de 1.500 euros mensuales. Sólo en las administraciones locales o provinciales, los sueldos se separan de esta tónica. Una reducción de salario para estos trabajadores resulta una ofensa, cuando la ganancia de las grandes empresas españolas ha aumentado en este año en un 20%. Como máximo, calculan que con esta medida se conseguirá reducir el gasto en unos 5.000 millones de euros; una gota, en el río de millones que se está entregando a bancos o multinacionales del automóvil. Resulta curioso también, que sean estos mismos bancos los que pidan más recortes y más agresivos, cuando son ellos los que han creado la crisis y los que se han llevado el dinero.
No olvidemos, por otro lado, que este es el segundo recorte que sufrimos los trabajadores públicos de mano del gobierno de Zapatero, puesto que las medidas de “contención del gasto público” han venido a eliminar en la práctica las ofertas de empleo público y con ellas, el ingreso de nuevo personal. Por cada diez trabajadores públicos que se jubilan, sólo se permite el ingreso de uno nuevo. Pero el resultado de esto no es un “adelgazamiento” de la función pública, ni un ahorro neto, sino una privatización encubierta de las tareas realizadas por los trabajadores del sector público que se trasvasan a las empresas públicas creadas al efecto, en las que estos trabajadores carecen de los derechos y garantías que tienen los funcionarios resultando mucho más maleables y dependientes del poder de turno, que infiltra y constituye estas empresas según sus intereses políticos y sus ambiciones personales.
Y no olvidemos tampoco que la muy deficiente situación de los servicios públicos, que suele achacarse únicamente a los trabajadores, muy raramente se hace recaer sobre los que tienen la verdadera responsabilidad en la administración pública: los políticos. Ellos son los que encabezan todas las delegaciones, consejerías, asesorías, consejos y el largo etcétera donde se diseñan los planes por los que rige la administración y que sufrimos todos: incompetencia profesional de las altas esferas, incapacidad para una distribución racional del trabajo, persecución de objetivos políticos de partido muy por encima de los intereses de los ciudadanos, grandes afanes privatizadores y un lento y progresivo socavamiento del sistema público.
¿Hasta dónde podrá llegar la desverguenza del gobierno y del parlamento? La sensación que da es que los trabajadores están dispuesto a soportar cualquier cosa que se les imponga sin rechistar. Si mañana el presidente anunciara que se acaba la seguridad social o la prestación por desempleo o las pensiones, da la sensación de que no pasaría nada. El mismo día que se anunciaron estos últimos recortes, la clase obrera de nuestro país se soñaba con los triunfos futbolísticos de unos individuos que ganan millones por cada patada que dan a un balón mientras que a ellos les estaban robando de su propio bolsillo.
La respuesta de las corporaciones sindicales a esta agresión ya está escrita. Una única jornada de huelga para el 2 de junio. Una respuesta estéril y falsa que, aparte de no servir absolutamente para nada, desilusionará a aquellos que acudan a esa huelga pensando que están haciendo algo por sus derechos. Una huelga engañosa, porque nuestros “representantes” ya están de acuerdo en aceptar estas medidas; lo que sigue, lo que queda, es una pantomima ridícula en la que escenificar la pataleta de rigor. Se juega, además con la carta de que muchos trabajadores acudirán a esa huelga por vergüenza, no por convencimiento.
La única respuesta válida contra los planes del gobierno es la convocatoria de una huelga indefinida en el sector público, a la que estarían llamados a unirse todos los pensionistas, los trabajadores precarios, los que ya no tienen puertas a las que llamar para conseguir un puesto de trabajo. Una huelga que ofreciera garantías de que va a servir para presionar al gobierno para que efectiva y realmente no se lleve a cabo ninguno de los recortes; una huelga, en definitiva, de verdad; que pudiera convertirse en algo más –mucho más- que en perder el importe de un día de salario.
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