Ante las últimas noticias acerca de la querella española contra las agencias de rating, rescatamos la entrevista a uno de sus promotores, Gonzalo Boye. Gonzalo forma parte de un equipo de abogados que han presentado una querella criminal en la Audiencia Nacional contra las grandes agencias de “rating” Standard & Poor´s, Moody´s y Fitch, por alterar los precios del mercado bursátil con sus informes de calificación y por utilizar información privilegiada en beneficio propio y de sus clientes en contra de los contribuyentes y los pequeños ahorradores.
Pregunta. Cuéntanos Gonzalo, ¿en qué consiste esta querella?
Respuesta. Básicamente es una querella penal por dos presuntos delitos, uno de tráfico de información confidencial y otro de maquinación para alterar el precio de las cosas; nosotros creemos que hay gente que se ha beneficiado directamente de las calificaciones emitidas por las agencias conociéndolas con anterioridad a su divulgación y además, tenemos la seria impresión de que estas empresas sacan sus dictámenes con el fin de alterar la dirección del mercado según sus propios intereses o los de sus accionistas y, también, de sus clientes. Es un tema complejo que amerita una detallada investigación judicial y, estamos seguros, se deberá realizar la misma para llegar a conclusiones sobre las responsabilidades penales de quienes han ocasionado toda esta crisis financiera.
P. Existen antecedentes de demandas en este sentido en países como EE.UU e Islandia, ¿verdad?
R. Si, en USA hay tres procesos abiertos, todos ellos a instancias de la fiscalía y en Portugal se ha presentado otra querella, al igual que en Grecia y en Islandia existen también diversos procesos pero estos no son contra la agencias sino contra determinadas instituciones financieras.
P. ¿Hay posibilidades de que la demanda prospere o se trata más bien de dar un golpe sobre la mesa denunciando la impunidad con la que funcionan estas agencias?
R. No hubiésemos presentado esta querella si no estuviésemos convencidos de que iba a prosperar; somos un grupo de abogados que creemos que existe un delito y actuamos en función de las instrucciones de nuestros defendidos pero jamás para dar un golpe en la mesa sino, realizar un proceso con debidas garantías para quienes resulten responsables.
P. Tanto al gobernador del Banco de España, Fernández Ordoñez, como el ex-director gerente del FMI, Rodrigo Rato han sido recientemente señala dos por su “incapacidad” para predecir y gestionar la crisis, ¿tiene esto algo que ver con el papel que han jugado estas agencias?
R. No creo que tenga una relación directa, todos han fallado y, especialmente, los encargados de supervisar los controles pero los delitos se producen no por culpa de la policía y, en este caso, los delitos se producen por una voluntad criminal que se ha aprovechado de la laxitud de los controladores.
P. Parece que en las filtraciones de Wikileaks también hay datos reveladores al respecto, ¿no?
R. Si, estamos dimensionándolos.
P. Existe un documental titulado “Inside job”, en el que analizar la crisis económica de 2008, pero lo más importante, exige responsabilidades por el fraude cometido intencionadamente. ¿Sería posible exigir responsabilidades penales a determinados gobernantes, banqueros y empresarios aquí en España?
R. Creemos que a determinados actores del mercado si es factible exigirles responsabilidades y estamos en ello pero en cuanto a los políticos esas son otro tipo de responsabilidades y, como abogado, yo ahí no puedo entrar.
P. ¿Qué papel han jugado estas agencias en el recorte de derechos laborales y sociales hacia la clase trabajadora?
R. Mucho, estas empresas, para orientar el mercado en determinada dirección han exigido a los gobiernos tomar medidas que han afectado directamente al mercado laboral y a los derechos de los trabajadores, eso es parte de lo que estamos denunciando.
P. Conocida la gran estafa que ha ocasionado el poder al pueblo con la excusa de la crisis, ¿qué crees que hace falta para que haya una gran respuesta social contundente y continuada en la calle?
R. Primero creo que hay que determinar las responsabilidades penales, exigirlas y, en paralelo, debe surgir una respuesta social seria, articulada y bien orientada pero que no se quede en eso sino que asuma el protagonismo que a la sociedad civil le corresponde en cuanto a nuestro destino, no podemos seguir siendo borregos y dejarnos guiar hacia donde no queremos ir.
P. Sin duda esta es una querella que ha tenido un importante eco mediático. Pero no es la única, ¿verdad?
R. Seguimos adelante con Guantánamo (nota de la redacción: en relación a la demanda contra los responsables que prepararon el marco jurídico para su instalación), con Gaza y con la Flotilla y otros temas que afectan a los derechos humanos y creemos que es parte del papel o función social que corresponde a los operadores jurídicos; lo que pasa es que nada de eso se puede hacer sin contar con un decidido apoyo de la sociedad civil que es la que tiene que respaldarnos y apoyarnos si quieren que estas cosas pasen más allá de la mera denuncia. Muchas veces creemos que estamos muy solos en esto y, muchas veces, comprobamos que es así.
Fuente: Periódico cnt nº 378
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