Mié, 24/03/2010 - 18:13 — S. Ensenanza e ...
El documento hecho público por el Gobierno el pasado 27 de enero y que se denomina Propuesta para un pacto social y político por la educación ha sido presentado como un esfuerzo para «buscar el fortalecimiento y equilibrio interno del sistema» (p. 27) pues dice:
De cara al futuro, es necesario lograr soluciones dialogadas y, por ello mismo, estables y duraderas.
Este objetivo que implícitamente impregna todo el documento, parece estar ligado a otro fundamental que es la base de este texto y que es declarado explícitamente en las páginas 6 y 7:
El objetivo fundamental de este Pacto es conseguir mejorar el nivel de formación del conjunto de la población, tanto de los jóvenes en edad escolar como de la población adulta.
Para conseguirlo, para «responder a los nuevos retos de la sociedad del siglo XXI, a la sociedad del conocimiento, es imprescindible modernizar nuestro sistema educativo».
Estos se presentan, por tanto, como objetivos generales, cuya consecución parece depender de una serie de objetivos más específicos que se concretan en medidas agrupadas en distintos ámbitos sociales, políticos y educativos que parecen considerados prioritarios: «Formación empleo y transferencia», «Profesorado», «Estabilidad normativa», etcétera.
Cada uno de estos apartados es presentado con una justificación de la importancia del elemento que da título al epígrafe.
Pongamos un ejemplo (p. 27):
Epígrafe → 15.-FINANCIACIÓN
Justificación → Hemos de establecer un compromiso de todas las Administraciones […]
Medidas → Propuestas:103. Establecer como objetivo la equiparación con la Unión Europea […]
Un acercamiento a algunos epígrafes relevantes
Tras un preámbulo que sirve de introducción muy general al documento y en el que se hace, entre otras muchas muchas cosas, un recorrido por los retos a los que supuestamente se enfrenta hoy la sociedad española en general y el sistema educativo en particular, llega el primer y más importante epígrafe: «Objetivos de la educación en España para la década 2010-2020». En este apartado se pretenden señalar unas medidas, unos objetivos, según indica el propio documento, que siendo generales tomarán forma en medidas más concretas en los siguientes apartados como ya arriba indicamos. Dichos apartados se pueden clasificar en aquellos relacionados con el propio sistema educativo y su estructura y funcionamiento: «Propuestas para las diferentes etapas educativas», «La autonomía de los centros y la Evaluación», etc.; por otra parte estarían los apartados que pretenden tener un mayor cariz social y económico: «Becas y ayudas», y, por último, podemos encontrar una serie de epígrafes de contenido político: «Estabilidad normativa» o «Participación y apertura del proceso» son algunos ejemplos.
Un análisis más o menos detenido del epígrafe «Objetivos de la educación en España para la década 2010-2020» nos puede servir para sopesar los defectos o virtudes de este documento. El documento se presenta más como punto de partida para lo que debería ser una consensuada sustituta de la Ley Orgánica de Educación que como una propuesta cerrada. Es por eso que junto a alguna medida concreta aparecen lo que son constantes declaraciones de intenciones. Miremos la página 7 y 8: junto al objetivo 2 que se plantea alcanzar «una tasa de graduación en estudios, postobligatorios (formación profesional de grado medio o bachillerato) del 85%, con especial incidencia en el incremento de titulados en formación profesional de grado medio», encontramos otros 9 objetivos que pretenden promover, fomentar, impulsar, etc. Todas estos objetivos no son operativos por cuanto no son nada más que juicios de intenciones que nunca podrán evaluarse al no ser cuantificables. Es imposible cuantificar, por ejemplo:
3. Introducir las tecnologías de la información y comunicación como instrumentos ordinarios de trabajo en las distintas áreas de conocimiento de todos los niveles educativos.
Resulta evidente que esto sólo puede ser una declaración de intenciones por cuanto no se marcan medidas cuantificables como acabamos de señalar. Cuantificable sería señalar, por ejemplo:
3. Introducir las tecnologías de la información y comunicación hasta dotar a cada alumno de un ordenador portátil además de…
Este ejemplo inventado muestra de forma simplificada un objetivo cuantificable con el que se puede estar de acuerdo o no, pero que se puede verificar.
Esto no sería un problema si todos estos juicios de intenciones quedaran concretados con medidas cuantificables en los siguientes epígrafes. Pero no es este el caso y, por eso, vemos significativo este problema que queremos recalcar: los juicios de intenciones no aparecen sólo en este primer epígrafe general, sino que aparecen generosamente en los 14 siguientes que componen el documento:
3. Promover la detección temprana de necesidades específicas de apoyo educativo, en especial las asociadas a la discapacidad. [p. 9]
4. Contribuir desde el sistema educativo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. [p. 9]
14. Promover que la intervención educativa en la educación obligatoria esté orientada hacia la atención más individualizada a los estudiantes, fomentando el valor del estímulo, el mérito y el esfuerzo personal del alumno […]. [p. 11]
23. Promover una mayor cooperación entre las administraciones, las empresas, y los agentes económicos y sociales en el diseño y planificación de la enseñanzas profesionales. [p. 13]
64. Realizar un seguimiento de los nuevos modelos de formación inicial del profesorado de los distintos niveles educativos, para introducir, en su caso, las modificaciones necesarias para su mejora permanente. [p. 19]
No queremos, ni debemos copiar todas las medidas de este tipo porque supondría copiar un porcentaje altísimo de las propuestas señaladas en la Propuesta para un pacto social y político por la educación. Podría decirse que estas medidas son la base para el debate que se propone. Esto es bastante cuestionable. Pocos partidos políticos o pocos de los que ellos denominan agentes sociales podrían poner pegas realmente importantes a lo que resultan propuestas cargadas de demagogia. Si un porcentaje altísimo de todas estas medidas son demagogia, ¿qué debate serio puede iniciarse acerca de estas medidas? Ninguno.
No obstante, sí hay un porcentaje mínimo de medidas que proponen objetivos reales. Algunos suponen leves modificaciones o “apuntalamientos” de medidas ya en funcionamiento, otras, sin embargo suponen nuevas propuestas para poder hacer frente, suponemos, a los retos a los que se enfrenta “nuestra sociedad y su sistema educativo”.
Una de las propuestas más comentadas ha sido la de introducir dos tramos en el 4º curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria [p. 10]. Dicha medida pretende introducir dos opciones: una orientada hacia el Bachillerato y otra orientada hacia los Ciclos Formativos. Los gobiernos socialistas han apostado tradicionalmente por las reformas comprensivas enemigas de este tipo de medidas. Con esta propuesta realiza un guiño a la LOCE y, por tanto, al Partido Popular que creó dicha ley y que siempre ha apostado por la segregación desde las etapas más tempranas separando a los alumnos para que estos “transiten” por caminos diferentes según su meta: Bachillerato o Ciclos Formativos.
Críticas necesarias
Ya hemos demostrado que buena parte de las propuestas adelantadas por este documento son evidente demagogia, aunque hay una minoría de medidas a tener en cuenta.
Desde CNT creemos necesario subrayar determinados aspectos relacionados con algunos puntos especialmente significativos:
1. Creemos necesario reafirmarnos en nuestra oposición al Espacio Europeo de Educación Superior por lo que esto significa de proceso de mercantilización de la enseñanza universitaria. Por eso rechazamos de forma absoluta la propuesta 70 en la página 21.
2. En la misma línea rechazamos propuestas como la siguiente:
71. Crear un nuevo programa de apoyo a la modernización de la gestión y administración de las universidades y para su fortalecimiento institucional.
Sabemos que detrás de palabras como “modernización” se esconden propuestas de externalización de servicios y otras fórmulas empresariales de privatización y mercantilización de lo educativo.
3. Consideramos hipócrita mencionar en la página 7 que se pretende «sumar todas las fuerzas del ámbito político y social para continuar mejorando la calidad de la educación» y, al mismo tiempo, promover la degradación de la formación docente. Por eso no entendemos que la Educación Infantil deba ser atendida por titulados de categoría inferior al resto de las etapas educativas como se señala en la propuesta 6, página 9.
4. Nos parece igual de hipócrita o incluso cínico decir que se debe promover «la cultura del esfuerzo, la exigencia y la responsabilidad personal» en la escuela [p. 18]. ¿Piden esfuerzo los políticos que elaboran este documento? ¿Políticos? ¿Esfuerzo? ¿Exigencia? ¿Responsabilidad personal? Qué clase de tomadura de pelo es ésta.
5. ¿A quién se le pide asegurar «la escolarización equitativa del alumnado con necesidades educativas especiales» entre todos los centros sostenidos por fondos públicos (privada concertada y pública)? ¿Será que hay alguna Comunidad Autónoma, gobernada por el partido que sea, que garantice este principio? Sabemos que no la hay. Si nadie lo cumple... ¿qué legitimidad tiene para pedir un pacto en el que todos juntos cumplan un acuerdo que nadie consigue por sí solo llevar a cabo en su ámbito territorial de competencia?
Podríamos llenar páginas y páginas denunciando la hipocresía y el desatino que se esconden bajo este documento elaborado «desde la voluntad de acuerdo y de consenso» pero nos basta señalar algunas preguntas: ¿por qué aparece tantas veces la palabra “empresa”como la palabra “valores”? ¿Por qué aparece más el término “sectores productivos” que el término “derechos humanos”? Parece que algunos ya ni siquiera disimulan cuál es su concepto de sistema educativo
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