extraido de laboro-spain.blogspot.com
¿Qué sucedería si una central nuclear española sufriera un desastre como el de
Fukushima? Procedamos al análisis jurídico del asunto desde el punto de vista
laboral y humorístico, no exento de realidad pura y dura.
Después del accidente:
La empresa, por ser de capital público, convocaría un concurso público de 50
plazas temporales de liquidador, que sería anulado por la Pajín por no decir
liquidadores y liquidadoras.
Las bases serían republicadas tras la sentencia en contra de la Audiencia
Nacional, 3 años después.
4 años después del accidente entrarían los primeros liquidadores en la central,
con contrato temporal por obra o servicio.
Cuando los liquidadores se quejaran de que se les caen los dientes y cosas así,
el gerente general gerencioso les diría por teléfono que si no les gusta ahí
está la puerta... o estaba, antes de la explosión.
Cuando un liquidador estuviera de baja más del 20% de los días laborales en los
últimos 2 meses, sufriría un despido objetivo de 20 días por año, aplicando la
nueva redacción del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, tras la
reforma laboral.
Como la central seguiría sin funcionar, se rebajaría el salario de los
liquidadores por causas económicas según la última reforma laboral, con el
acuerdo del comité de empresa, en el que no habría ningún liquidador.
Los contratos del resto de trabajadores habrían sido finalizados después del
accidente, mediante un ERE por causas organizativas aprobado por la autoridad
laboral, con una indemnización de 20 días por año, según la última reforma
laboral.
A los subcontratados les habrían puesto en la calle sus subcontratas al día
siguiente, sin pagarles ni un euro de indemnización ni finiquito, con la promesa
de "vamos a buscar un cliente nuevo para ti". Ninguno demandaría por despido
improcedente por contrato en fraude ni por cesión ilegal de trabajadores, porque
no tendrían ni puta idea de lo que es eso, pero se sabrían la edad de todos los
jugadores del Madrid y del Barça.
La culpa de todo, especialmente de lo anterior, la tendría ZP y todos votarían
al PP en las próximas elecciones de su comunidad de vecinos; menos uno que
votaría a Rosa Díez, que sabe cómo salvar el mundo pero, por humildad, no lo
quiere decir.
Si la central estuviera en una Comunidad del PP, Intereconomía diría que la
gestión del accidente era perfecta y La Sexta diría que era nefasta. Si fuera en
una del PSOE, al revés. Cualquier español sabría lo que iba decir cualquier
contertulio habitual de estas cadenas antes de que lo dijera, lo que demuestra
que la radiación nuclear positrónica activa las dotes adivinatorias
psicosomáticas, según confirmaría Iker Jiménez.
Cuando finalizaran las labores de los liquidadores, les tocaría a ellos ser
liquidados con indemnización de 8 días por año por fin de contrato por obra.
Si algún trabajador con contrato indefinido contrajera cáncer, podría ser
despedido sin preaviso estando de baja, mediante despido improcedente reconocido
directamente por la empresa (el "despido Zaplana").
Para volver a poner en marcha la central se crearía un fondo de cohesión
mediante la plataforma interterritorial coordinadora de la unificación nuclear
paritaria, que saldría del dinero público.
Cuando ya estuviera en marcha y con beneficios, sería privatizada y concedida a
una empresa eléctrica.
Felipe Gonzáles y José María Aznar, asesores de Fenosa y Endesa, perdonarían la
vida a todos los españoles iluminándolos con su saber.
Antes del accidente:
Todos los empleados expertos y que mejor conocieran la central habrían sido
despedidos hace tiempo aprovechando el último ERE para cambiarlos por "autónomos".
Todo el trabajo técnico y verdadero antes del accidente lo habrían hecho
empresas subcontratadas cuyo administrador fuera amigo del gerente general
gerencioso. Estas empresas subcontratarían a otras empresas, hasta que al final
los trabajos los habrían hecho Pepe Gotera y Otilio, asesorados por Manolo y
Benito.
Los únicos cargos con contrato indefinido directamente con la central y sueldo a
nivel europeo habrían sido los del director supremo, el gerente general
gerencioso y el coordinador de políticas cebolleras con Swazilandia.
El informe de evaluación de riesgos habría sido realizado sin visitar las
instalaciones por una empresa externa, de un amigo del director supremo. Por
supuesto, diría que todo era correcto, que para eso les habría pagado... la
empresa.
Los delegados de prevención de los sindicatos habrían recibido multitud de
cursos de prevención y otros temas (como igualdad de género en el cultivo del
nabo siberiano) y seguirían sin tener ni puta idea de prevención de riesgos,
cosa que no importaría nada a los que hubieran dado los cursos, porque los
habrían facturado igual.
Bromas aparte, tened muy claro que todos los puntos que hablan de contratación,
despido, ERE y finalización de contrato serían perfectamente posibles y
ajustados a la legislación actual, que por lo visto es tan favorable a los
trabajadores españoles que no hay más remedio que seguirla reformando para
beneficiar algo a las pobres empresas, sobre todo a las desvalidas grandes
empresas.
Si os da tiempo, ved el vídeo de arriba antes de centraros en el último gol de
Messi.
